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No cabe duda que el proceso de recolección de firmas para revocar a alcaldes y regidores en la provincia de Talara, se ha convertido en un verdadero campo de batalla, donde los comités de revocatoria han tenido que sortear diferentes dificultades y las personas que han otorgado su firma para dicho proceso se han visto estafados e incluso despedidos de sus centros de labores, siendo los hechos denunciados en las diferentes dependencias policiales de la provincia.

Aunque algunos comités de revocatoria para los alcaldes y algunos regidores de los distritos de Los Órganos y Máncora, han asegurado ya tener de parte del J.N.E las respectivas Resoluciones para la consulta popular este 30 de setiembre, están aún en duda la del alcalde y cuatro regidores del distrito de El Alto y de dos regidores de La Brea-Negritos, lo que ha originado que las calles de los distritos en mención se conviertan en verdaderos campos de batalla con agresiones verbales, estafas, despidos masivos e incluso amenazas de muerte. Hechos que han sido denunciados en las dependencias policiales a fin de que se les otorgue las respectivas garantías personales.

Muestra de ello, fue lo denunciado en la comisaría del distrito de La Brea-Negritos, donde toda una familia denunció haber sido estafados por un grupo de personas que con tableta y hojas en mano, les solicitaron sus firmas para emitir un documento de apoyo al alcalde del distrito Pedro Hoyos, sin presagiar que fue para lo contrario, ya que sus nombres y firmas aparecieron en el padrón de los que pedían la revocatoria de la autoridad edil.

En el mismo distrito, un grupo de nueve trabajadores ediles, denunciaron que fueron echados de sus puestos de trabajo por la autoridad municipal, quien los cesó por haber firmado el planillón de revocatoria en su contra y de algunos regidores de su partido político.

Por otro lado, los comités de revocatoria del distrito de Máncora y El Alto, encabezados por Carlos Chunga Fernández y Héctor Montenegro Chunga, anunciaron haber presentado las suficientes firmas para que el J.N.E les otorgue la resolución respectiva para continuar con el proceso. Sin embargo indicaron que vienen siendo víctimas de agresiones verbales por cierto sector de la población e incluso han recibido amenazas de muerte a través de llamadas o mensajes de textos a sus celulares, por lo que anunciaron no dudarán en pedir garantías para sus vidas.

elregionalpiura.com.pe

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